Al menos seis muertos —tres de ellos policías— y cuatro heridos es el saldo de tres enfrentamientos entre militares y las fuerzas federales con presuntos sicarios, en Zacatecas, Morelos y Sinaloa.

En el Villa de Cos, Zacatecas, hubo una balacera entre elementos del Ejército mexicano y un grupo fuertemente armado, que fue interceptado luego de que sus integrantes regresaban en 10 vehículos de una carrera de caballos clandestina, realizada en el lugar conocido como Los Alamitos.

Las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno mantuvieron hermetismo sobre el enfrentamiento, debido a la diferencia de datos sobre el número de muertos, ya que en un principio se dijo que había entre siete y 10 personas fallecidas, incluidos, civiles, militares y sicarios.

El gobierno estatal emitió por la tarde un comunicado donde confirmó el enfrentamiento en este municipio (ubicado a 72 kilómetros de la capital) la noche del martes, y aclaró que tres civiles perdieron la vida al estar cerca de la balacera. Jamás especificó el número de heridos ni el paradero de los vehículos.

Noemí Pinales Hernández, de casi ocho años, y Edwin Castañeda López y Alejandra Pérez del Río —reina de belleza del municipio—, de 20 años, son las personas que perdieron la vida.

Sin embargo, las versiones de algunos lugareños revelaron que, de manera inusual, notaron la presencia de las fuerzas castrenses en la zona.

Se presume que quizá habían ubicado a alguna persona ligada al crimen organizado que viajaba en este convoy, en el cual iban presuntos sicarios de Tamaulipas.

Incluso, el comunicado oficial confirma que cinco personas fueron detenidas, tres son de Tamaulipas, una de Coahuila y otra de Veracruz, a quienes se les aseguraron armas AK-47, armas cortas, cartuchos, dos vehículos y varios chalecos antibalas.

En Puente de Ixtla, Morelos, tres policías federales (dos de la AFI y uno de la PF) fallecieron al enfrentarse a tiros con presuntos narcos que iban en una camioneta Lobo y un auto compacto.

Casi las 17:00 horas, cuando los agentes viajaban sobre la carretera federal Xoxocotla-Tequesquitengo, fueron alcanzados por ambos vehículos desde donde los balearon.

En el lugar falleció Carlos Alberto López Álvarez, mientras que su compañero Alejandro González García fue trasladado al Hospital Morelos de Cuernavaca, donde murió.

En apoyo de estos agentes llegaron dos más, y siguieron en su patrulla a los agresores que huían en su camioneta.

En la persecución, los presuntos delincuentes dispararon a los neumáticos de la patrulla y causaron su volcadura y la muerte de un elemento. Su compañero es reportado grave.

Hasta el cierre de esta edición, elementos federales, estatales y militares buscaban a los responsables en la zona sur del estado.

También en la tarde, en Culiacán, Sinaloa, presuntos delincuentes que viajaban en una camioneta Mazda color gris, sin placas de circulación, balearon un convoy de policías federales, estatales y municipales.

Los agentes repelieron la agresión y comenzaron a seguirlos; en la persecución continuó el intercambio de disparos, que hicieron blanco en cuatro agentes, causándoles heridas. Los presuntos delincuentes lograron huir. (Con información de Irma Mejía, Justino Miranda y Javier Cabrera)

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 En medio de la devaluación, Ernesto Zedillo llegó a la presidencia en diciembre de 1994 con una propuesta a la dirección del PRD: dejar atrás la confrontación entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas, ir a un pacto de unidad nacional, que sería una “transición pactada” contra la disputa de 1988 a 1994, los extremos irreconciliables del país. Zedillo propuso al PRD el cambio político, la alternancia, por la aceptación plena de la política económica neoliberal y la integración.

Ante esa oferta, el PRD, desde las fracciones de diputados y senadores, hasta la dirección del partido y las corrientes, se convirtió en una carrera por ver quién llegaba primero a Los Pinos y se convertía en el “interlocutor” de la transición pactada. Había prisa por deshacerse del pasado y en ese momento nacieron los nuevos protagonistas del país; surgieron el lopezobradorismo, el foxismo, el voto útil y la plena integración a la América del Norte. A cambio, ese PRD, esa izquierda pragmática, sería integrado plenamente a la clase política, con derecho a promocionarse en la radio y la televisión (previo pago de espots), nacerían las encuestas como eje rector de las elecciones y la alternancia política, sin cambios en la doctrina económica. De esta manera, México entraría a la democracia, con todas las fuerzas políticas, desde la derecha hasta la izquierda construida por ellos, bajo los criterios del consenso de Washington.

Los llamados errores de diciembre y las devaluaciones de finales de 1994 y principios de 1995 sólo fueron la punta del iceberg de una fractura más profunda dentro del proyecto neoliberal. Carlos Salinas rompe con su sucesor, no por su hermano Raúl, sino por la presión de que la economía, su poder, se abriera. Salinas hizo trampa doctrinaria: privatizó, pero no abrió lo privatizado, sino que con ello formó su propio grupo oligárquico local y protegido. Del monopolio estatal en áreas estratégicas, como telecomunicaciones, red de concesiones de radio y televisión, maíz, cemento, minerales y banca, construyó un nicho de economía protegida y esto lo han cubierto con la bandera mexicana y un nacionalismo de pantomima que disfraza sus intereses como si fueran los de la nación.

Ernesto Zedillo llega a la presidencia rompiendo con la continuidad de los intereses creados por Carlos Salinas y porque Luis Donaldo Colosio era la continuidad de ese proteccionismo. ¡Privatización e integración era la consigna! Logra unirse en torno a Zedillo lo más extremo del neoliberalismo con lo más atrasado del priísmo para destruir la identidad de la izquierda y romper, con los monopolios trasnacionales, los monopolios locales creados por Salinas. Zedillo antes, durante la presidencia y como ahora, siempre ha sido un empleado del exterior y a su servicio. La tarea era abrir los intereses de su antecesor y eso fue el núcleo de la ruptura entre sus dos gobiernos. Carlos Salinas es el constructor de la nueva oligarquía dueña de los monopolios privados, que se refugian y gozan tanto del proteccionismo nacional como de las condiciones del mundo global; que se benefician tanto de las ruinas del vetusto régimen priísta como de las debilidades del gobierno panista; que crean reformas que les sirven y usan el nacionalismo lopezobradorista para detener las que les perjudican.

Ése es el origen de la “década perdida” a la que se refiere Carlos Salinas y de la que se beneficiaron con la paralización y que condujo al peor de los destinos, pero al mejor de los mercados; es decir, al país sin reglas y regido por la oferta y la demanda de los poderosos locales y extranjeros.

A partir de 1996, bajo este pacto del lopezobradorismo con el zedillismo, contra la confrontación política y programática entre Cárdenas y Salinas, el PRD cambió su naturaleza y se dispuso a entrar en una lucha por el poder sin adjetivos ni contenidos. Si con Cárdenas se cerraban las puertas, con López Obrador se abrían; si con Cárdenas se construían reformas, con López Obrador se traducirían en presupuestos, prerrogativas y nóminas; si con Cárdenas se mantenían los colectivos y surgían dirigentes, con López Obrador desaparecían.

El PRD en estos 19 años tiene dos momentos: de 1989 a 1995, en que se modifica la correlación de fuerzas en la política, pues, a pesar de las maniobras salinistas, violentas y fraudulentas contra el PRD, éste sabía de la fuerza proyectada, cuyo peligro esencial era que se convirtiera en una vía nacional distinta a la propuesta por la oligarquía monopólica local o la apertura entreguista total.

La otra etapa es de 1996 hasta hoy, cuando el PRD pierde identidad ideológica y programática y, repudiando sus propios votos en las urnas, se convierte en el impulsor del viejo régimen priísta y su comisión de insultos para que el viejo PRI desde la tercera posición siguiera gobernando.

Construir esa vía distinta y propia es lo que no se ha planteado el PRD como tarea, y por ello su crisis de hoy es de esencia.

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 ¡Campo Militar Número Uno: cárcel clandestina! Así solíamos gritar frente a la puerta número 8 del fatídico feudo del Ejército mexicano, en reclamo de libertad para nuestros familiares desaparecidos...

En cientos de fotografías nos vemos señalando acusadoramente esa puerta, mientras gritábamos: “¡Aquí dentro están nuestros hijos!”. Sí, allí estaban, allí estuvieron, repartidos en diferentes lugares, según el criterio de sus ilegales carceleros.

Algunos, por un tiempo en la “barraca” a la que llamaban “El Acapulco”, porque decían que allí había muchos de Guerrero. Otros estaban “arriba de la biblioteca”, y otros más, en “el túnel del radio”, un sótano sombrío, con celdas pequeñísimas, que al correr de los años cambió su nombre por “el metro”.

Sobra decir que las condiciones de esas cárceles ilegales eran terribles, pero gracias a la lucha de miles de compañeros en todo el país, logramos liberar a 148 que nos dieron valiosos testimonios de lo que vieron y sufrieron en esos horribles lugares...

Me puse a pensar en todo esto (que nunca se borra de mi mente) por la noticia en la prensa de que condecoraron al general Mario Arturo Acosta Chaparro.

“El distinguido militar” (decía la nota) fue condecorado junto a muchos otros generales, por sus 45 años de servicio, y añadía la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado: “ Con este acto, el personal de generales, jefes, oficiales y tropa del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos reconocen y estiman el mérito de este selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.

No dudo que hay, ha habido y habrá militares que hayan visto transcurrir sus vidas cobijadas por las virtudes antes señaladas, pero ante la más leve sospecha de mentira, al igual que frente a las acusaciones terribles de violaciones graves a los derechos humanos de los mexicanos, suena a insulto a la inteligencia y a los sentimientos del pueblo el que se entregue presea alguna o se pronuncien las palabras que enumeran méritos que no se tienen.

La más somera lectura al Código de Justicia Militar obliga a los integrantes del Ejército a una conducta de rectitud y de respeto hacia la población civil.

Luego entonces, las actitudes contrarias, como lo sucedido el 2 de octubre de 1968 (entre otros muchos hechos funestos), la detención, tortura y desaparición forzada, el encarcelamieto de civiles en campos militares y bases navales, se torna una “política de Estado” (como suelen decir algunos estudiosos), o como lo entiende el pueblo, “lo ordenan los que mandan” o “son cosas del presidente”, y parece ser que la inteligencia de mi pueblo da en el clavo: el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con “los que mandan”, impone a la milicia la deshonra de actuar contra la ley y la justicia, lo que se bautizó hace tiempo como “la obediencia debida”, hoy como ayer, entronizada en el feudo...

Dirigente del comité ¡Eureka!

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 La propuesta de exhibir las boletas de la elección presidencial de 2006 antes de proceder a su destrucción, planteada la víspera por el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, generó sorpresa e incertidumbre entre consejeros. Con nadie había comentado esta posibilidad que, para concretarse, deberá primero analizarse su viabilidad jurídica y operativa antes de avalarse.

Entrevistados sobre el tema, Andres Albo, Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez Alcántar externaron su inquietud sobre el contenido de la propuesta. Albo –quien como presidente de la Comisión de Transparencia votó en favor de abrir los paquetes– consideró que de entonces a la fecha han ocurrido pronunciamientos legales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han modificado la viabilidad legal de la apertura.

Por su parte, el representante del PAN ante el IFE, Roberto Gil, también se mostró extrañado por la postura y subrayó que será necesario conocer cuáles son las razones que lo llevaron a plantearla. Si “la propuesta es para satisfacer a aquellos que aún quieren encontrar pruebas del fraude y es sólo para satisfacerlos, cuando ya las instancias legales validaron la elección, no estamos de acuerdo; esperemos que sea otra la motivación”, dijo.

Tras señalar que sería preciso aguardar a tener una propuesta formal del consejero presidente, aparte de lo difundido por los medios de comunicación, Albo subrayó que más allá de las posturas personales, lo relevante es la posición que asuman los consejeros en el colegiado.

Andrade señaló que este tema ha sido ya analizado por la SCJN y el TEPJF, que se pronunciaron en su momento, mismos que deberán ser tomados en cuenta a la hora de decidir la viabilidad jurídica de esa exhibición de las boletas que se propone, y debe revisarse su operatividad.

Subrayó que los consejeros están obligados a darle certeza a sus actos y decisiones, por lo que en este caso hay que recordar los antecedentes legales antes de proceder a instrumentar actos previos a la destrucción de las boletas. Es evidente que esta propuesta de Valdés va a generar expectativas de diverso tipo. “De lo que se trata es de asumir una responsabilidad colectiva y no lavarse las manos en el colegiado”, indicó.

–¿Les molesta que no les hayan consultado la propuesta?

–Todo tiene sus efectos, no es un asunto de molestia o no, sino de la forma de construir las decisiones. La propuesta se hizo primero a la opinión pública y nosotros tenemos que conocer concretamente cuál es.

Recordó que hay precedentes legales en torno al proceso de destrucción de las boletas, no sólo los fijados por la SCJN y el TEPJF, sino también en el hecho de que los legisladores no reformaron la ley electoral para eliminar la obligatoriedad que tiene el IFE de destruir las boletas.

–¿Habla de reconstruir la confianza social?

–Son motivaciones; es válido apelar a ellas, y además valioso considerarlas.

Gómez Alcántar señaló: “honestamente no entiendo la propuesta y me reservaría hasta conocer cuál es el objeto. Siendo honesto, no veo la forma cómo se puede llegar a realizar esta exhibición, considerando que el tema ya ha sido objeto de análisis en diversas instancias legales”.

Apuntó que será necesario, de entrada, analizar si no se contrapone con las disposiciones del TEPJF en su decisión.

Postura blanquiazul

Frente a la propuesta de exhibir las boletas, José Espina, integrante de la directiva panista, dijo que es necesario analizar el planteamiento, pues la buena intención del presidente consejero del IFE puede ser utilizada por algunos actores para enrarecer aún más el clima político del país.

El ex secretario general del PAN refirió que por un lado se puede decir que vale la pena hacer este ejercicio de transparencia, pero por otro puede ser un pretexto más para la confrontación, para la diatriba política, que el país no tiene por qué estar padeciendo, subrayó.

Agregó que la propuesta de Valdés también puede servir de argumento para que los partidos que integran el Frente Amplio Progresista insistan en el supuesto fraude electoral. Vale la pena valorar si es conveniente revivir una situación nuevamente de diatriba, insistió.

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 Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la aplicación de un plan de resistencia civil pacífica que iniciará el próximo martes 25 si ese día se presenta una iniciativa de reforma energética. La movilización incluye imponer “cercos ciudadanos” encabezados por mujeres, en aeropuertos, carreteras, instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las dos cámaras del Congreso de la Unión, e incluso “un paro nacional patriótico”.

El tabasqueño convocó a la ciudadanía “a participar en todas las movilizaciones que sean necesarias hasta conjurar la amenaza de privatización de la industria petrolera e impedir la consumación de esta desastrosa felonía”.

Ante miles de personas congregadas en el Zócalo de la ciudad de México para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera, pidió “estar muy alertas” para que ese día, en asamblea informativa, se inicien las acciones que permitan evitar que los energéticos pasen al sector privado nacional y extranjero. “Privatización es corrupción”, definió.

El “presidente legítimo” aseveró que quien propicia los negocios turbios del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Pemex y es “el principal promotor de las relaciones con las empresas extranjeras vinculadas al sector energético es el señor Felipe Calderón”.

López Obrador, quien el 24 de febrero pasado reveló cómo Mouriño firmó contratos para el transporte de combustibles cuando era legislador y funcionario, resaltó que detrás de la pretensión de privatizar Pemex “está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios públicos; ésa es la historia de la derecha”.

Por esa razón, expuso, en lugar de buscar la entrega de la paraestatal a capitales privados, se requiere combatir la corrupción e iniciar una auditoría que permita aclarar, entre otros aspectos, la relación de Calderón con Mouriño; César Nava; el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y el subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome.

En una tarde en la que se hizo evidente la ausencia de líderes y legisladores de la corriente Nueva Izquierda y resaltó la presencia de Alejandro Encinas, a quien Jesusa Rodríguez presentó como el “virtual presidente” del Partido de la Revolución Democrática, López Obrador, respaldado por las dirigencias de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista –PRD, Convergencia y del Trabajo–, sostuvo que sería gravísimo permitir la privatización del petróleo, porque el despojo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta.

“Además, dejaríamos de ser un país libre y soberano; se rompería el orden constitucional, se elevaría a rango supremo la corrupción; nos quedaríamos sin la posibilidad de transitar por un camino propio con un modelo de desarrollo que concilie el crecimiento con el bienestar; sería una fuente constante de fricciones, desacuerdos y conflictos”, alertó.

Por eso, dijo, es preferible actuar ahora y no permitir que la derecha termine por desestabilizar el país, cuando sus militantes son los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes. “Nosotros no queremos la violencia, vamos a transformar a México por la vía pacífica, seguiremos actuando de manera responsable, pero con firmeza y patriotismo”, afirmó.

Explicó que se tomó la decisión de llevar a cabo un plan de resistencia civil pacífica en caso de que las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional decidan “cometer esta traición a la patria”.

Refirió que se avanzó en la organización de los comités estatales para la defensa del petróleo y precisó que la movilización iniciará cuando se presente la iniciativa, mientras en las cámaras del Congreso los coordinadores parlamentarios están “atentos y dispuestos a llevar acciones al interior de los recintos del Poder Legislativo”.

Explicó que como se tiene información en el sentido de que el proyecto será enviado a alguna de las dos cámaras el martes 25, se hace necesaria la convocatoria para una asamblea informativa ese día en el Zócalo para actuar de inmediato.

López Obrador resaltó que las acciones contra la privatización del petróleo se enmarcan en la resistencia civil pacífica, por lo que pidió a sus simpatizantes que contribuyam a evitar la provocación y la violencia.

“Lo que vamos a hacer pacíficamente es noble, responsable y eficaz. Caer en la trampa de la violencia sería contraproducente, sería ayudar a nuestros adversarios. ¡Cuidado con los provocadores infiltrados del gobierno usurpador! Ellos buscarán los pretextos para el uso de la fuerza y para su campaña de desprestigio en los medios de comunicación”, advirtió.

Responsabilidad y disciplina

Pidió a quienes se inscriban para integrarse a las brigadas actuar con responsabilidad y disciplina. Anticipó que estas acciones serán cuestionadas por los medios de comunicación, “que se nos vendrán encima con sus campañas. Nos llamarán alborotadores, violentos, intransigentes, dirán que queremos que le vaya mal al país y volverán a decir que somos un peligro para México”.

Sin embargo, dijo, nadie debe preocuparse “por estas vulgares campañas”, porque quienes participen lo harán con convicción, guiados por valores y definió: “no importa que al final nos desgastemos políticamente si logramos mantener bajo el dominio de la nación nuestros recursos naturales”.

En el templete, la secretaria de Energía del “gobierno legítimo” retó a la titular de Energía, Georgina Kessel, a un debate para demostrar que no es necesaria la privatización petrolera. “Si quiere, traiga a sus técnicos españoles y gringos, que nosotros estaremos junto a los técnicos mexicanos de Pemex”, expresó.

Después, en su discurso ante miles de personas que colmaron la Plaza de la Constitución desde el asta bandera, donde se instaló el templete, hasta las calles de Madero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez, López Obrador sostuvo que hay tres razones fundamentales para rechazar la llamada reforma energética: la defensa de la soberanía nacional; porque sería una violación infame a la Constitución y porque detrás de la privatización está “el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.

Por ejemplo, dijo, Juan Camilo Mouriño firmó contratos en beneficio de las empresas familiares. “Este improvisado funcionario en asuntos de gobierno, que no de negocios, ha confesado que, en efecto, suscribió los contratos en cuestión, aunque de manera cínica alega que fueron éticos y legales. Lo cierto es que armó una red de complicidades con personajes que ocupan puestos claves al interior de Pemex y en otras entidades del gobierno federal”, sostuvo.

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