El asesinato de Édgar Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la PFP, quien fue ultimado la madrugada del jueves, da cuenta de que “estamos viviendo tiempos aciagos para la seguridad del país”, advirtió el jefe de la Policía del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, quien mencionó que la corporación a su cargo cuenta con una investigación sobre la muerte de tres agentes federales esta semana en la ciudad de México. Sin embargo, se negó a dar detalles de estas investigaciones, ya que, dijo, ya fueron entregadas a las autoridades federales .

El funcionario llamó al Congreso de la Unión a crear una ley de seguridad pública federal que defina las tareas y la coordinación entre las distintas instancias policiales para combatir con eficacia de la delincuencia, pues México es uno de los países que aún no cuentan con una normatividad en esta materia y en otros aspectos específicos de lucha contra el crimen organizado.

Ortega exhortó a los legisladores a dotar a las corporaciones policiales de “musculatura legal” para cerrar los espacios a los delincuentes y combatirlos con mayor eficacia.

Afirmó que cada vez es más notorio que los delitos más violentos y graves son cometidos por personas que ya tienen antecedentes criminales; entonces, expuso, si los agentes del Ministerio Público y los jueces no hacen su parte, la policía no puede sacar adelante el esquema general de seguridad.

Cabe recordar que el pasado 11 de mayo, Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la PFP, fue baleado en la colonia Irrigación, en la delegación Miguel Hidalgo.

Dos días después, el sábado 3 de mayo, en lo que oficialmente se trató de un intento de robo, fue asesinado en Coyoacán Aristeo Gómez Martínez, director de la jefatura del estado mayor de la policía federal.

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 La Presidencia de la República y Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), reprobaron el “cobarde” asesinato del coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), Edgar Eusebio Millán Gómez, y advirtieron que se reforzará la lucha contra la delincuencia.

En un comunicado, el gobierno de Felipe Calderón expresó “su más sentido pésame ante el cobarde asesinato de un funcionario ejemplar comprometido con la seguridad de las familias mexicanas, como lo fue Edgar Millán”.

El funcionario de la SSPF fue víctima de un atentado esta madrugada en su domicilio de la colonia Guerrero y falleció horas después, en el hospital Ángeles Metropolitano, debido a las lesiones por los disparos de arma de fuego que recibió.

La SSPF informó que el jefe policiaco recibió nueve impactos de bala en el tórax y una mano, mientras que sus escoltas, el agente Leobardo Plata Hernández y el suboficial Daniel de la Vega Hernández recibieron un impacto de bala. Ambos ya se encuentran fuera de peligro, reportó la dependencia.

La emboscada contra Millán Gómez y sus escoltas ocurrió cerca de las 2:30 horas en Camelia, colonia Guerrero. Según las primeras versiones, un grupo de entre dos y cuatro hombres se encontraba en el interior del condominio y, al abrir la puerta, fue baleado. Sus escoltas intentaron repeler la agresión, pero fueron heridos.

Uno de ellos, De la Vega Hernández, detuvo a uno de los presuntos agresores identificado como Alejandro Martínez Báez, de 34 años, y fue entregado a policías preventivos que llegaron para apoyar a los federales.

Millán Gómez contaba con una especialización como observador policial para misiones de paz por la Organización de las Naciones Unidas y estaba capacitado en materia de seguridad pública por las mejores agencias de seguridad a nivel internacional.

Inició su carrera policiaca en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como agente investigador, en 2001 se integró a la Agencia Federal de Investigación (AFI) como director de Secuestros de la Dirección de Investigación Policial, y de 2006 a 2007 se desempeñó como director de Despliegue Regional Policial en la misma dependencia.

Destacó por su participación en la detención del secuestrador Andrés Caletri, así como la desarticulación de las bandas de plagiarios como Los Montante y Los Colmenos; además de la liberación de Rubén Omar Romano, en ese entonces entrenador del Cruz Azul.

PGR atrae la investigación

Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) dependencia informaron que el presunto agresor, Alejandro Ramírez Báez, rinde declaración ante el agente del Ministerio Público Federal, en la delegación metropolitana de la PGR.

La PGR inició la averiguación previa correspondiente por el delito de lesiones y homicidio y en las próximas horas se determinará la situación jurídica de Ramírez Báez.

Esta persona fue detenida en las inmediaciones de la calle de Camelia, en la colonia Guerrero, minutos después de que fueron atacados Millán Gómez y sus escoltas Leobardo Plata Hernández y Daniel de la Vega Hernández.

El presunto homicida tiene dos ingresos al Reclusorio Sur de la ciudad de México por robo de vehículo, de acuerdo con información contenida en la base de datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

De acuerdo con las investigaciones del caso, Millán Gómez y sus escoltas fueron agredidos esta madrugada cuando el primero visitaba a unos familiares que viven en la calle de Camelia, en la colonia Guerrero.

Autoridades de la SSP federal informaron que en las próximas horas trasladarán el cadáver del mando policiaco a una agencia funeraria localizada en la calle de Versalles.

En tanto, agentes federales vigilan el hospital Metropolitano ubicado en la colonia Roma, donde permanece el cuerpo de Millán Gómez, y reciben atención medica los policías Leobardo Plata y Daniel de la Vega, cuyo estado de salud es reportado como estable.

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 El gobierno del estado confirmó, mediante su director de Comunicación Social, Manuel Nava García, que la Procuraduría de Justicia estatal apoya la investigación sobre la denuncia de presuntos vínculos del presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Guerrero, Rogaciano Alva Álvarez, con el homicidio de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrido en octubre de 2001, a la par que implementa operativos con la finalidad de detener a los responsables de las matanzas ocurridas el fin de semana pasado en Iguala y Petatlán, que dejaron 17 muertos, perpetradas cuando sujetos desconocidos pretendieron dar muerte a Rogaciano Alva.

De su lado, en conferencia que ofreció a medios electrónicos, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo consideró que las citadas matanzas tendrían relación con el narcotráfico.

Entrevistado afuera de las oficinas de Torreblanca en palacio de gobierno, Manuel Nava señaló que el gobierno estatal investiga las denuncias sobre las desapariciones y asesinatos de dirigentes ecologistas en la Costa Grande, de las cuales se responsabiliza a Alva Álvarez.

Sobre las ejecuciones en Iguala y Petatlán, el vocero indicó que al momento Rogaciano Alva no ha solicitado protección oficial, y que el gobierno de Guerrero desconoce su paradero. Manuel Nava no logró explicar cómo estaciones de radio y televisión del gobierno estatal difundieron esta semana dos entrevistas a Alva Álvarez, a pesar de que no se sabe oficialmente en qué lugar se encuentra el ex alcalde priísta de Petatlán.

Por lo pronto, Nava García señaló que el gobierno de Guerrero, en coordinación con la Federación, reforzó la seguridad en la región de Costa Grande, con el objetivo de garantizar la seguridad, pero sobre todo para que las matanzas del fin de semana anterior no “impacten de más y se pueda lograr la pacificación”.

Asimismo, el director de Comunicación Social informó que el subsecretario Guillermo Ramírez Bravo fue designado encargado de despacho en sustitución del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, quien renunció al cargo el pasado martes.

Aparte, en conferencia de prensa, el procurador de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia, dio a conocer que en los tres años que Zeferino Torreblanca lleva al frente del Ejecutivo estatal se han registrado en la entidad 2 mil 279 homicidios. Reconoció que más de mil 500 asesinatos no se han resuelto, y que “solamente en 600 casos la policía investigadora ministerial logró la detención de los presuntos responsables”.

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 En un segundo ataque de sicarios contra el presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez, ocurrido en los primeros minutos de ayer domingo en su domicilio, otras nueve personas fueron ejecutadas, entre ellas dos de sus hijos, con lo que el número de muertos llegó a 16 en 24 horas, confirmó la Procuraduría de Justicia estatal.

Después de que la madrugada del sábado un grupo armado atacara a dirigentes ganaderos con saldo de siete muertos y ocho heridos, después de la medianoche de ayer domingo otro grupo de al menos 60 sicarios llegaron al domicilio del presidente de la Asociación Ganadera, Rogaciano Alba Alvarez, en Petatlán, y atacaron a balazos a sus familiares, entre ellos dos de sus hijos; versiones extraoficiales señalan que el comando se llevó a una de sus hijas.

Algunas versiones de la policía indican que los sicarios, pertenecientes a Los Zetas, pretende acabar con el grupo que encabeza en la costa grande Rogaciano Alba, quien en los dos ataques ha resultado ileso.

La Policía Investigadora Ministerial informó ayer que en el segundo ataque resultaron muertos dos hijos del líder ganadero, Alejandro y Rocet Alba de la Cruz.

La balacera se registró en la calle Cinco de Mayo, en pleno centro de Petatlán, en donde tiene su domicilio el líder ganadero, hasta donde llegaron los sicarios en ocho vehículos armados con rifles AK-47 y AR-15.

En el ataque también murieron Francisco Javier Orihuela Garnica, Carlos García Barrios, Óscar Chávez López, Édgar García Barrios, Crisóforo Alonso Muñoz, Eduardo Escamilla y Ángel Chávez Salas, la mayoría de ellos empleados del dirigente ganadero.

De acuerdo con reportes policiacos, el grupo armado que realizó el ataque llevaba vestimentas similares a las que utilizan los elementos de la Agencia Federal de Investigación y que portaban armas AK-47 y AR-15. Las víctimas consumían bebidas embriagantes afuera del domicilio de Alba Álvarez.

Luego de las ejecuciones, militares y policías federales y estatales integraron un operativo en esa cabecera municipal, y desde la madrugada instalaron retenes en las salida y entradas de la población, con el fin de detener al grupo armado, sin embargo, al cierre de la edición no se habían sido capturados.

En Chihuahua fueron ejecutados 4 sujetos, tres de ellos en Ciudad Juárez y otro en la capital del estado.

Ayer, cerca de las 19:30, tres sujetos fueron baleados a las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. En la balacera, dos de ellos quedaron con los cráneos destrozados y el otro resultó herido.

Un supuesto funcionario de la Dirección de Asuntos Internos del gobierno municipal de apellido Minjares, fue ejecutado. Se supo que ya había recibido amenazas porque era el encargado de reportar las actividades ilícitas de los policías municipales y los agentes de la Dirección de Transito Municipal.

Mientras tanto, en la ciudad de Chihuahua fueron baleados dos hombres cuando se encontraban a bordo de una camioneta. Uno de los sujetos murió, mientras que el otro recibió heridas de consideración.

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado embolsado durante la mañana de ayer a orillas del canal Rosales, a la altura del tramo carretero Casa Blanca-Las Bebelamas, km 4+500, en la sindicatura de San Pedro Navolato, Sinaloa.

Encobijado y en el interior de un vehículo que estaba estacionado frente a un parque infantil del fraccionamiento El Refugio, en Tijuana, Baja California, fue encontrado el cadáver de una persona con dos balazos en la cabeza.

Rogaciano Alba Álvarez

••• Rogaciano Alba Álvarez es desde hace 15 años presidente de la Unión Ganadera y fue alcalde de Petatlán de 1993 a 1996, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.

En esa época circularon versiones oficiales de que era investigado por posibles nexos con el narcotráfico, y después aparecieron denuncias ciudadanas en el mismo sentido.

El 3 de mayo de 2007, en la asamblea de la unión, Rogaciano advirtió que de continuar la indiferencia del gobernador Zeferino Torreblanca hacia el sector ganadero se generaría “un clima enrarecido, pues ahora se han encendido los focos rojos en nuestro gremio”, y exigió al Ejecutivo estatal que rectificara su política “para garantizar un clima de paz”.

En 2006 resultó ileso de un atentado en Michoacán. (Guerrero • Zacarías Cervantes)

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 El panista Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, estaba fuera de sí y, ante el estupor de los miembros de la misión internacional que da seguimiento a los crímenes contra periodistas en México, estalló contra Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc):

–¡Usted es enemiga del Estado!

–¿Yo soy enemiga del Estado?

–¡Sí, usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!

Era el lunes 21 de abril y, en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), se discutía el asesinato –el día 7– de las indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala, en Putla de Guerrero, Oaxaca.

Un día antes de que les fuera otorgado, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Orientación a la Sociedad, Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, afirmó que ambas eran sólo “amas de casa” y que habían sido asesinadas por razones ajenas a la actividad informativa.

“Como en Amarc documentamos el caso, yo me permití expresarle que para nosotros sí eran periodistas y que, por la información con la que contamos, se les había asesinado por las denuncias que hacían de violaciones y agresiones a mujeres, pero también por hablar sobre la autonomía del municipio”, expone Calleja.

Castro le preguntó, enseguida, si ella tenía copia de un “contrato” específico para acreditar que ellas eran periodistas. “Yo le contesté que no existe, hasta el momento, ningún ordenamiento interno en el país que pudiera definir qué es ser periodista. Lo que sucede en este país es que, de manera discrecional y arbitraria, cada autoridad lo va definiendo”.

En la reunión con la misión internacional de documentación sobre ataques contra periodistas y medios de comunicación, que entre el 19 y 26 de abril realizó una visita a México, el funcionario –a quien los panistas dan condición de prócer– alegó, además, que La voz que rompe el silencio era una estación de radio que ni siquiera cuenta con permiso.

“Indudablemente esa es una falta administrativa –aceptó Calleja–, pero eso no justifica el asesinato de las dos locutoras y, además, el Estado sigue sin garantizarle a los pueblos indígenas lo que el artículo segundo constitucional dice, en el sentido de que tienen el derecho a instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación.”

Calleja, integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) –que preside el panista Javier Corral–, relata: “Él ya estaba bastante enojado en ese momento y refirió que el lugar donde habían sido los asesinatos, en Putla de Guerrero, queda en un estado donde, dijo textualmente, ‘existe ese gobernador de ese partido que apoya y fomenta a las radios comunitarias’.”.

–Putla de Guerrero –le corrigió ella– no queda en el estado de Guerrero, sino en Oaxaca, señor subprocurador, y no teníamos conocimiento de que el gobernador Zeferino Torreblanca (del primer estado) apoye a las radios comunitarias.

–Bueno, bueno, en Oaxaca, en ese estado, ese gobernador de ese partido ayuda a que proliferen radios comunitarias.

–No, ese gobernador de ese partido no, porque en Oaxaca es donde hemos tenido las mayores agresiones a radios comunitarias. Y esas agresiones, además, han sido atraídas por la propia Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, con lo cual las radios comunitarias y la gente que trabaja en ellas han sido reconocidas por el propio Estado como periodistas.

Después de puntualizar que el gobernador era el priista Ulises Ruiz, Calleja le recordó a Castro que el propio Estado ha reconocido a las radios comunitarias, inclusive dotándolas de permisos, porque han demostrado el servicio social que prestan a las comunidades.

“Pero, mire, no se trata de pelearnos –concilió–. Nosotros lo que intentamos es aportar a que los crímenes y las agresiones no queden en la impunidad, sino que se encuentre a los culpables y sean castigados, como debe ser en un estado de derecho. No entiendo por qué nos trata como enemigos del Estado.”

Castro la interrumpió y fue cuando, ante el asombro de los representantes de las organizaciones internacionales y el fiscal especial para delitos contra periodistas, Octavio Orellana, le imputó la condición de “enemiga del Estado”.

Ya para entonces, Castro se mostraba iracundo ante los integrantes de la misión, uno de los cuales, Darío Ramírez –de la organización no gubernamental Capítulo XIX y el único mexicano junto con Calleja–, le pidió respeto. “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”, respondió el funcionario.


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