El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, mencionó que insistirán en que sea clarificada la condicionante de “testigo social” para establecer un papel concreto durante el proceso de intermediación.

Además, dijo que las investigaciones que realiza la PGR para dar con los responsables de las explosiones de los gasoductos de Pemex no deben ser un condicionante para el diálogo entre el EPR y el gobierno federal.

Luego de la homilía dominical en la iglesia de la Sagrada Familia, en la capital queretana, rechazó que otras mesas de intermediación, como la del EZLN, Atenco o la propia APPO, no hayan funcionado, por lo que existe la confianza de que se alcancen acuerdos.

“Que un crimen sea investigado no es alguna cosa para que se oponga al diálogo (…) Siempre han funcionado, estuvimos con la APPO y se lograron ciertas cosas, no puede decirse que no hubo comunicación y diálogo. Estamos dispuestos a que fructifique, no podemos responder por la voluntad de los demás.”

Sobre una posible investigación al gobierno de Oaxaca que encabeza Ulises Ruiz, por las presuntas desapariciones de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, el obispo emérito mencionó que es un asunto que deberá ser determinado por “los involucrados”.

“No sé, los que estén en el asunto lo podrían decir, sobre si hay alguna investigación (….) No puedo leer el futuro”, refirió.

Dijo que no hay fecha para que se establezca oficialmente la mesa de intermediación, ni se ha establecido algún lugar para llevarla a cabo, ni las condiciones que implicaría, como la de con o sin capucha de parte de EPR o incluso con armas o sin ellas en el lugar.

Además, dijo que no se han puesto en contacto con gente del EPR ni del gobierno federal. “No, la comunicación pública que ellos hacen, también mandan un correo electrónico. Y con el gobierno federal hubo una comunicación pública que hicieron”.

Por su parte, el diputado Roberto Badillo, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, dijo que la cláusula más importante para concretar un diálogo entre el gobierno federal y el EPR es que se aplicará la ley para consignar a los responsables de las explosiones en Pemex y descartar la amnistía porque el olvido de los delitos significaría impunidad.

El Congreso, en todo caso, podría participar en el diálogo pero no para validar la amnistía, porque “si se perdona a delincuentes en qué país vamos a estar”.

El priista negó que las condiciones del gobierno federal para el diálogo sean una petición de rendición anticipada, y sobre la figura de los mediadores o “testigos sociales” afirmó a MILENIO que “no aparecen en ningún código” y por tanto no son requeridos.