El gobierno del estado confirmó, mediante su director de Comunicación Social, Manuel Nava García, que la Procuraduría de Justicia estatal apoya la investigación sobre la denuncia de presuntos vínculos del presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Guerrero, Rogaciano Alva Álvarez, con el homicidio de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrido en octubre de 2001, a la par que implementa operativos con la finalidad de detener a los responsables de las matanzas ocurridas el fin de semana pasado en Iguala y Petatlán, que dejaron 17 muertos, perpetradas cuando sujetos desconocidos pretendieron dar muerte a Rogaciano Alva.

De su lado, en conferencia que ofreció a medios electrónicos, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo consideró que las citadas matanzas tendrían relación con el narcotráfico.

Entrevistado afuera de las oficinas de Torreblanca en palacio de gobierno, Manuel Nava señaló que el gobierno estatal investiga las denuncias sobre las desapariciones y asesinatos de dirigentes ecologistas en la Costa Grande, de las cuales se responsabiliza a Alva Álvarez.

Sobre las ejecuciones en Iguala y Petatlán, el vocero indicó que al momento Rogaciano Alva no ha solicitado protección oficial, y que el gobierno de Guerrero desconoce su paradero. Manuel Nava no logró explicar cómo estaciones de radio y televisión del gobierno estatal difundieron esta semana dos entrevistas a Alva Álvarez, a pesar de que no se sabe oficialmente en qué lugar se encuentra el ex alcalde priísta de Petatlán.

Por lo pronto, Nava García señaló que el gobierno de Guerrero, en coordinación con la Federación, reforzó la seguridad en la región de Costa Grande, con el objetivo de garantizar la seguridad, pero sobre todo para que las matanzas del fin de semana anterior no “impacten de más y se pueda lograr la pacificación”.

Asimismo, el director de Comunicación Social informó que el subsecretario Guillermo Ramírez Bravo fue designado encargado de despacho en sustitución del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, quien renunció al cargo el pasado martes.

Aparte, en conferencia de prensa, el procurador de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia, dio a conocer que en los tres años que Zeferino Torreblanca lleva al frente del Ejecutivo estatal se han registrado en la entidad 2 mil 279 homicidios. Reconoció que más de mil 500 asesinatos no se han resuelto, y que “solamente en 600 casos la policía investigadora ministerial logró la detención de los presuntos responsables”.